El Estado autonómico ha ido evolucionando desde su constitución y ha ido formalizando la práctica de muchas de sus actuaciones. La implicación de varios niveles de gobierno que coinciden a la hora de desarrollar algunas actuaciones en los mismos territorios hace necesaria la cooperación entre los mismos. Esa cooperación se ha ido gestando y desarrollando a través de distintos mecanismos de cooperación. En este trabajo avanzamos algunos elementos relacionados con los planes y programas conjuntos, que ya en los acuerdos autonómicos de 1992 se definían como "la técnica de cooperación más adecuada para abordar actuaciones o tareas comunes entre el Estado y las comunidades autónomas".El avance de resultados que aquí presentamos está estructurado en dos grandes bloques. En el primero de ellos iremos viendo cuales son las características de los planes y programas conjuntos como instrumento o mecanismo de cooperación entre distintos niveles de gobierno, y cómo se ha ido delimitando y formalizando su estructura y su ámbito de actuación. En el segundo bloque del trabajo analizaremos, como muestra, dos períodos (1989-1995 y 1999-2002) que son diferentes puesto que el ámbito competencial de las CCAA difiere entre ellos, y la normalización de los mismos también. Posteriormente haremos un breve análisis de su financiación en el segundo período analizado, aunque únicamente referido a la financiación vía convenios de colaboración y a la territorialización de subvenciones en conferencia sectorial.Al final del trabajo presentamos unas conclusiones preliminares, apuntando otras vías de estudio que están en desarrollo.La formalización y consolidación de una práctica de utilización de los planes y programas conjuntos en el Estado Autonómico ha hecho que este instrumento se utilice, fundamentalmente, como un mecanismo para lograr el desarrollo de objetivos comunes entre el gobierno central y las CCAA, permitiendo el desarrollo de políticas públicas en los distintos territorios. No olvidemos que si bien esta herramienta se utiliza a lo largo del desarrollo del Estado autonómico, no es hasta 1999 cuando realmente se formaliza y se le dota de un fundamento jurídico propio. Esta característica no es una innovación del Estado autonómico, casi todos los Estados con características similares han gestado muchas de sus herramientas de cooperación actual a través de la prácticas, debido a la necesidad de la propia cooperación, formalizando los instrumentos posteriormente. Este instrumento también ha permitido desarrollar las políticas comunitarias que afectan a todos los Estados miembros, y que obligan a los Estados miembros. Por otra parte, al menos parcialmente, parece que el color del partido en el gobierno, bien sea central o autonómico, no determina necesariamente el desarrollo de este instrumento, aunque por supuesto, hay que irse a cada caso concreto, a cada plan, para ver exactamente esta influencia, que si bien, puede dificultar en ocasiones alcanzar acuerdos, parece que, como se ha mencionado, no necesariamente determina el éxito o fracaso. La cooperación, más o menos formalizada, es una necesidad que afecta a todos los niveles de gobierno implicados, y de alguna forma fuerza a la misma si se pretende desarrollar políticas públicas en los distintos territorios.

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