Es necesario que el Estado y la administración pública perciban y asuman la desigualdad de género como algo estructural, a lo que hay que dar respuestas, con estrategias globales y transversales, como problema público global que es. La reforma del Estado ha de encararse incluyendo la perspectiva de género en todas las esferas y niveles, y materializando la democracia participativa y paritaria.Las políticas públicas han de garantizar derechos y cubrir necesidades cada vez más complejos, (además de los legales y civiles), desde los sociales y económicos a los de ciudadanía, lo que implica también asegurar una real participación en condiciones de igualdad genérica entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, superando los desequilibrios históricos estructurales que aún perduran.Las mujeres en su conjunto, han estado históricamente excluidas del proceso de construcción colectiva y presencia social, lo que ha conducido a que los denominados valores masculinos rigieran y jerarquizaran la esfera pública, bajo una falsa pretensión de universalidad. Redefinir la identidad de las mujeres en la vida social supone incorporar a la agenda muchos de los problemas y desafíos de la vida privada, para superar el binomio producción-reproducción, así como la tradicional división sexual del trabajo, y las dicotómicas categorías público/privado, personal/político, doméstico/público, entendiendo ya hoy que todo, -también lo personal- es político.El análisis de género referente a la ciudadanía revisa la disyuntiva tradicional público-privado, y mediante estrategias (Planes de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Acción Positiva) trata de redistribuir el poder y la infrarrepresentación que aún padecen las mujeres, revalorizando lo privado para interrelacionarlo con lo público. Definir desde esa simbiosis la nueva ciudadanía democrática del siglo XXI es también un desafío que la reforma del Estado y la administración pública ha de encarar con un rol activo en la promoción de políticas públicas para la equidad de género, a través de la institucionalización de los mecanismos pertinentes.

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