Bolivia ejecutó disciplinadamente las reformas de primera generación bajo los lineamientos del consenso de Washington, a fin de retomar el control de su economía afectada por una gravísima crisis económica. El éxito en el control de esta crisis, la llevó a desarrollar las denominadas reformas de segunda generación, orientadas a establecer un nuevo tipo de Estado, bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad y la creación de un nuevo tipo de administración pública "moderna" que supere las lacras del clientelismo, el patrimonialismo, la pobre atención al ciudadano y la corrupción.Se desarrollaron programas de reforma del servicio civil, para crear una carrera pública meritocrática y profesional; Lucha contra la corrupción, estableciendo sistemas de control y transparentando la gestión pública; Evaluación de desempeño, implantando sistemas de gestión por resultados y; reestructuración organizacional.Dado que se esperaba, que estas reformas contribuyeran a solucionar los problemas de pobreza y exclusión que Bolivia vivía, se invirtió mucho tiempo y dinero en ellas, Lamentablemente una vez evaluadas tuvieron un impacto limitado, pobre e insuficiente.Por otra parte, lo que parecía una crisis política tradicional que dificultaba la aplicación de las reformas, termino siendo la manifestación de la eclosión de la crisis estructural, que cuestionó el sistema en su conjunto y que terminó por quebrar el régimen político tradicional.Los sucesivos gobiernos nacionales, intentaron dar continuidad a las reformas en ese escenario de crisis, continuando la ejecución formal de los programas. Sin embargo, muy pronto se pudo constatar que la crisis inviabilizaba la reforma. Por una parte, porque develó las serias limitaciones conceptuales y de aplicación de los programas que aparecieron en muchos casos como "recetas" que no habían contemplado las particularidades de una sociedad en conflicto y porque se evidenció que las reformas no gozaban del consenso y la legitimidad suficientes para ser aplicadas como una política de estado coherente técnicamente y socialmente viable.Asimismo, se comprobó que en las demandas de gobernabilidad se contraponían a las demandas de la institucionalidad, puesto que los criterios técnicos se encontraron subordinados a las necesidades de la operación política, con lo que se hacia imposible mantener la coherencia programática.Finalmente la resolución de la crisis hegemónica en el país a favor de las propuestas anti-sistémicas, ha supuesto el abandono del proceso de reformas consideradas como el vehículo de consolidación de un modelo de exclusión e inequidad y ha postergado sin fecha la reforma del Estado y la creación de un nuevo modelo de gestión pública, que superando las limitaciones y sesgos ideológicos de la reforma anterior impuesta verticalmente, atienda la necesidad de la sociedad boliviana de contar con un Estado y una administración pública de nuevo cuño que promueva y facilite el desarrollo y las reformas democráticas que la sociedad demandan.

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