El presente trabajo reflexiona sobre algunas características estructurales y factores de economía política al interior de los aparatos públicos latinoamericanos que condicionan las posibilidades de aplicar con éxito instrumentos económicos de gestión ambiental en nuestros países. Se caracterizan como "fallas de coordinación" la evidente incapacidad de integrar coherentemente, en el conjunto de políticas públicas y reformas fiscales en curso, las metas de política ambiental y los mandatos nacionales de gestión sostenible del medio ambiente y recursos naturales que se han trazado los países en sus leyes generales de medio ambiente y a través de los compromisos internacionales asumidos (por ejemplo las Metas del Milenio, Agenda 21 Rio '92, Agenda de Johannesburgo Rio +10, así como todo el conjunto de convenciones internacionales relacionadas con metas de desarrollo sostenible).La primera sección del trabajo reseña el contexto internacional en que ha venido emergiendo una aplicación creciente de instrumentos económicos en la gestión ambiental y reformas fiscales con componentes de "ambientales" en los países más industrializados, tendencias que también comienzan a encontrar expresión en algunos países en vías de desarrollo. La segunda sección categoriza, desde una perspectiva conceptual, la variedad de enfoques en que puede plantearse una reforma fiscal "ambiental" y los distintos objetivos que puede perseguir una mayor utilización de impuestos, cargos y tarifas ambientales en los países de la región.La tercera sección aborda la aplicación de este tipo de instrumentos dentro del contexto jurídico/institucional en el cual se desarrolla la gestión ambiental en los países de América Latina y el Caribe. Se enfatizan las barreras y factores que condicionan la aplicación de los enfoques teórico-conceptuales planteados en las primeras dos secciones. En la práctica se enfrenta la marcada ausencia, en la mayoría de los países, de mecanismos efectivos de coordinación y de plataformas jurídico-institucionales operativas que permitan a las autoridades ambientales y fiscales abordar conjuntamente el desarrollo de propuestas integradas de política e instrumentos económicos orientados a objetivos ambientales.Los desafíos de implementación y de economía política que enfrenta la introducción de componentes ambientales en las reformas fiscales y administrativas de los países no constituyen un asunto trivial, como ocurre con cualquier proceso de reforma en todos los ámbitos de política pública. Estas reformas exigen importantes esfuerzos de coordinación de políticas dentro de un marco jurídico-institucional y administrativo que en la mayoría de los países todavía necesita ajustes para permitir una integración efectiva entre la autoridad ambiental y el resto de las funciones del gobierno.Finalmente se sugieren algunas recomendaciones y líneas de acción para avanzar la discusión y desarrollo de plataformas nacionales que permitan una mayor integración y coordinación de políticas entre las autoridades ambientales y las autoridades fiscales de los países de la región.

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